Fiscalía pide 26 años para Nadine y 20 años de prisión para Ollanta

Por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia tras presuntamente recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En la acusación fiscal, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una pena privativa de la libertad de 20 años y 730 días de multa contra el expresidente Ollanta Humala. Al exmandatario se le acusa de ser coautor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión tanto en la campaña del 2006 como en la del 2011.

Sin embargo, contra su esposa pesa una acusación de 26 años y 6 meses de prisión pues, a diferencia de Humala, no solo es acusada de ser coautora de conversión, sino también de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

El equipo especial Lava jato del Ministerio Público también solicitó 20 años de prisión para Antonia Alarcón e Ilán Heredia, madre y hermano de la exprimera dama, por el delito de lavado de activos en el financiamiento de la campaña del expresidente Humala el 2006 y el 2011.

El fiscal Germán Juárez pidió también 26 años de prisión para Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, por la campaña de 2006 y 2011.

Pidió, asimismo, 10 años de cárcel para Martín Belaunde Lossio, Eladio Mego Guevara, el excongresista Santiago Gastañadui y Maribel Amélita Vera Arévalo por la campaña de 2006, y la misma pena para Mario Torres Aliaga y Carlos Atenas Goméz por la campaña de 2011.

Todos ellos son acusados por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y ocultamiento, cometido en el marco de las campañas electorales de 2006 y 2011.

El fiscal les atribuye haber recibido aportes ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña de 2011 y aportes procedentes de Venezuela para la campaña de 2006, según Julio César Espinoza, abogado del expresidente Ollanta Humala.

Se pide también la disolución y liquidación del Partido Nacionalista  Peruano y la empresa Todo Graph, que habrían servido para canalizar los fondos indebidos que  obtuvo esta organización política para sus campañas.

Durante la jornada, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por la pareja Humala – Heredia. A través de la misma, se solicitaba que el juez desestime determinadas pruebas para la etapa de juzgamiento consideradas inválidas por la defensa de la expareja presidencial. Sin embargo, la solicitud no fue admitida.

Modalidades 

Entre las modalidades detectadas por la fiscalía se encuentra “el pitufeo”, que radica en hacer depósitos de dinero en varios tramos y montos que no puedan ser detectados por los fiscalizadores bancarios. Otras formas han sido los cobros por informes o actividades profesionales “que nunca se realizaron”.

El dinero, según la tesis fiscal, habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte habría ido hacia el patrimonio de los Humala-Heredia.

Según la acusación de la fiscalía, el caso se circunscribe a que el dinero que recibieron Humala y Heredia tiene una procedencia ilícita.

Los argumentos presentados han sido catalogados como sólidos. Y es que, en su tesis fiscal no solo están apuntando al ocultamiento del dinero y la forma irregular en que han ingresado al sistema electoral y económico; sino que su acusación se sustenta en una condena a futuro “por indicios”.

Es decir, que ninguno de los dos podría haber desconocido o presumido que el dinero entregado por Odebrecht y otras fuentes era ilícito.

El Ministerio Público, en un peritaje sobre el período 2005-2016 de Humala y Heredia, determinó que existía un desbalance patrimonial que alcanza los S/2 millones.

El caso 

La formalización de la acusación es la etapa intermedia del proceso que deberá ser analizado por Richard Concepción Carhuancho, quien es el juez de garantías.

En los próximos días, Concepción Carhuancho deberá realizar una audiencia de control para que el caso pase a una sala de juzgamiento si se declara procedente la acusación.

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